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La crisis multiplica la demanda de empleo en las empresas de Seguridad Privada
En época de crisis aumenta la inseguridad. Esta es una de las causas por las que las empresas de seguridad privada no prevén sufrir la recesión económica y sostienen que el año próximo y lo que resta de este disfrutarán de un moderado crecimiento. Por ese motivo las firmas valencianas de este sector están recibiendo una multitud de solicitudes de trabajo. Así se pronunció ayer Fernando Lucas durante el acto de presentación de la Asociación Profesional de Compañías Privadas en Servicios de Seguridad (Aproser) en la Comunitat. Lucas es el coordinador del grupo de trabajo de esta entidad y director general de Securitas para Valencia y Murcia. Con él trabaja en la asociación Julián Gallego, director de zona de Prosegur. El hecho de que en este sector haya un 85% de contratos indefinidos propicia que, en tiempos de crisis, muchos jóvenes vuelvan sus ojos a este tipo de empresas. Por eso se está produciendo "un aumento de solicitudes para ser vigilante de seguridad y lo hemos detectado durante el último semestre", confesó Lucas. El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, aseguró en la clausura del acto que la Comunitat necesitan "2.000 vigilantes más". La Asociación Profesional de Compañías Privadas en Servicios de Seguridad (Aproser) representa a las 13 grandes compañías del sector que hay en España, donde hay registradas un millar de empresas. La Comunitat ocupa el cuarto lugar nacional, con 145 firmas. En el acto de presentación de Aproser en la Comunitat, el secretario nacional, Eduardo Cobas, reclamó la modificación de la ley que actualmente les regula para que los inmigrantes no comunitarios puedan convertirse en vigilantes de seguridad. "No es lógico que podamos contratar a un letón o a un lituano y no a un argentino o que ese argentino pueda formar parte de las Fuerzas Armadas pero no pueda ser vigilante", afirmó el secretario general de Aproser, Eduardo Cobas. Esta entidad defiende que en la reforma de la ley de seguridad privada se mejore la protección jurídica de los vigilantes, puedan realizar funciones como la de patrullar en zonas comerciales de una ciudad y reduzca los requisitos burocráticos en la formación de los vigilantes.
En época de crisis aumenta la inseguridad. Esta es una de las causas por las que las empresas de seguridad privada no prevén sufrir la recesión económica y sostienen que el año próximo y lo que resta de este disfrutarán de un moderado crecimiento. Por ese motivo las firmas valencianas de este sector están recibiendo una multitud de solicitudes de trabajo. Así se pronunció ayer Fernando Lucas durante el acto de presentación de la Asociación Profesional de Compañías Privadas en Servicios de Seguridad (Aproser) en la Comunitat. Lucas es el coordinador del grupo de trabajo de esta entidad y director general de Securitas para Valencia y Murcia. Con él trabaja en la asociación Julián Gallego, director de zona de Prosegur. El hecho de que en este sector haya un 85% de contratos indefinidos propicia que, en tiempos de crisis, muchos jóvenes vuelvan sus ojos a este tipo de empresas. Por eso se está produciendo "un aumento de solicitudes para ser vigilante de seguridad y lo hemos detectado durante el último semestre", confesó Lucas. El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, aseguró en la clausura del acto que la Comunitat necesitan "2.000 vigilantes más". La Asociación Profesional de Compañías Privadas en Servicios de Seguridad (Aproser) representa a las 13 grandes compañías del sector que hay en España, donde hay registradas un millar de empresas. La Comunitat ocupa el cuarto lugar nacional, con 145 firmas. En el acto de presentación de Aproser en la Comunitat, el secretario nacional, Eduardo Cobas, reclamó la modificación de la ley que actualmente les regula para que los inmigrantes no comunitarios puedan convertirse en vigilantes de seguridad. "No es lógico que podamos contratar a un letón o a un lituano y no a un argentino o que ese argentino pueda formar parte de las Fuerzas Armadas pero no pueda ser vigilante", afirmó el secretario general de Aproser, Eduardo Cobas. Esta entidad defiende que en la reforma de la ley de seguridad privada se mejore la protección jurídica de los vigilantes, puedan realizar funciones como la de patrullar en zonas comerciales de una ciudad y reduzca los requisitos burocráticos en la formación de los vigilantes.
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Las víctimas de violencia de género podrán llevar escoltas de seguridad privada
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado, por unanimidad, que los órganos judiciales, en casos excepcionales, puedan asignar escoltas de seguridad privada a las víctimas de la violencia de género. La propuesta indica que la escolta privada será acordada siempre de manera coordinada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado, por unanimidad, una propuesta del portavoz de este órgano, Enrique López, para que los órganos judiciales, en casos excepcionales, puedan asignar escoltas de seguridad privada a las víctimas de la violencia de género.Según informa el órgano de gobierno de los jueces en un comunicado, la propuesta indica que la escolta privada podría ser acordada para la protección de estas víctimas, siempre de manera coordinada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.Este criterio será el que mantendrá el CGPJ en la próxima Comisión Nacional de Policía Judicial, en la que se tratará este asunto.La propuesta concluye que "en casos excepcionales así considerados por los órganos judiciales estos podrán atribuir a escoltas de seguridad privada siempre de manera coordinada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la antedicha función de asistencia, en aras de la consecución efectiva de la protección de las víctimas".A raíz de esta decisión, se espera que se consiga reducir el incremento de violencia de género que ha tenido este país desde los últimos años. Veremos que pasa. El tiempo nos dirá si esta decisión es eficaz.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado, por unanimidad, que los órganos judiciales, en casos excepcionales, puedan asignar escoltas de seguridad privada a las víctimas de la violencia de género. La propuesta indica que la escolta privada será acordada siempre de manera coordinada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado, por unanimidad, una propuesta del portavoz de este órgano, Enrique López, para que los órganos judiciales, en casos excepcionales, puedan asignar escoltas de seguridad privada a las víctimas de la violencia de género.Según informa el órgano de gobierno de los jueces en un comunicado, la propuesta indica que la escolta privada podría ser acordada para la protección de estas víctimas, siempre de manera coordinada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.Este criterio será el que mantendrá el CGPJ en la próxima Comisión Nacional de Policía Judicial, en la que se tratará este asunto.La propuesta concluye que "en casos excepcionales así considerados por los órganos judiciales estos podrán atribuir a escoltas de seguridad privada siempre de manera coordinada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la antedicha función de asistencia, en aras de la consecución efectiva de la protección de las víctimas".A raíz de esta decisión, se espera que se consiga reducir el incremento de violencia de género que ha tenido este país desde los últimos años. Veremos que pasa. El tiempo nos dirá si esta decisión es eficaz.
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